El Demonio de Mercurio

Un hecho inaceptable que involucra a ciertos legisladores y supuestos expertos en salud está acaeciendo por estos días. Hace poco la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que al menos en primera instancia prohíbe el empleo del timerosal, un compuesto del mercurio que se incluye en las vacunas como conservante. Se utiliza como argumento el que varios países del llamado primer mundo ya lo han proscrito o abandonado, y que además existirían estudios que comprueban su incidencia en los casos de autismo.

 La alarma fue encendida a partir del escándalo armado por una madre de sector acomodado, quien asegura que su hijo había tenido un desarrollo normal hasta los cuatro años, edad en que comenzó a mostrar conductas de carácter autista. Ya con la enfermedad declarada, viajó con el niño a Estados Unidos, donde le advirtieron que la aparición repentina de una anomalía que por lo general se manifiesta desde poco después del nacimiento podría ser la consecuencia de la administración de vacunas aisladas con mercurio. De regreso en Chile, aprovechando sus contactos -incluso familiares- en los medios más masivos de comunicación y en las esferas más altas de la sociedad, montó una campaña irreflexiva pero eficaz, convenciendo a un puñado de personas influyentes y a varios parlamentarios, los cuales se sintieron obnubilados y a la vez interpelados por esta ciudadana común y corriente que a consecuencia de sus ingresos pecuniarios contaba con una profesión y la capacidad de salir al extranjero a recibir y recabar información, obtenida por supuesto de fuentes válidas, ya que por su posición además tenía que haber seguido importantes estudios. Sin contar que se trataba de una abnegada mujer que luchaba por su vástago, por ende un ejemplo del concepto de familia. No repararon los congresistas en la interminable serie de investigaciones que coinciden en señalar que el autismo es una afección hereditaria que en casos puntuales puede permanecer inerte en el organismo pero siempre despierta en la primera infancia. Cómo hacerle caso a una tropa de médicos anacrónicos, ante una señora que ejercía sus derechos y más encima por su alcurnia, su preparación y su estilo de vida debía ser necesariamente un aporte para unos provincianos ignorantes e incautos.

Quizá por ello la diputada que recogió todo esto alarde y lo transformó en un proyecto de ley que está muy cerca de ser aprobado de modo definitivo, Cristina Girardi, tenía que pertenecer a la llamada izquierda progresista, ese sector que pretende solucionar los problemas de las personas con una pizca de relajamiento moral. Sus representantes se caracterizan por buscar que se derriben comportamientos relacionados con la ignorancia y el desconocimiento históricos, como la intolerancia, el maltrato animal o los prejuicios contra grupos como los homosexuales -lo que incluye su insistencia en el denominado matrimonio igualitario-. A cambio, tratan de imponer otro tipo de prohibiciones, atribuidas a la brutalidad cavernaria propia de formaciones culturales marcadas por el ensimismamiento, y que entre otras cosas impiden que fluyan las conductas nombradas primero. Así han caído el tabaquismo -ya no se puede fumar en recinto cerrado alguno, aunque sean estadios- los locales nocturnos -se ha restringido su horario de funcionamiento-, la manipulación de fuegos artificiales, del hilo de competencia o de la calificada como comida chatarra. Ahora le llegó el turno al mercurio, resabio de una época en la que el país estaba sumido en el subdesarrollo, y donde lo más importante era abarcar a la mayor población posible de manera más inmediata, en lugar de dedicar tiempo y fondos a la indagación científica, siquiera deteniéndose a leer las revistas especializadas.

Lo que ha ocurrido es muy simple de explicar. Una joven madre de ingresos económicos relativamente altos, anónima en términos de aparición pública, pero atractiva, con título universitario y la capacidad de realizar viajes al exterior, ha empleado sus influencias para dar a conocer una histeria que se ha transformado en colectiva. Y para que los medios no los tachen de ignorantes -y de que sean desprestigiados por una supuesta investigación periodística-, ciertos diputados han querido demostrar que están ahí para servir a ese pueblo que los eligió, aprobando una normativa presentada como una mejora en la salud pública, la misma que se viene depauperando de modo sistemático en las últimas cuatro décadas. De nuevo queda demostrado que en Chile los ricos, sólo por tener esa condición, son los únicos autorizados no sólo para opinar, sino también para enseñar, aunque sus conocimientos se reduzcan a supercherías.